En una realidad donde la conciliación entre la vida laboral y familiar se torna cada vez más complicada, padres y madres del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada denuncian una situación que consideran injusta y desproporcionada: la subida de las tarifas del comedor escolar.
Según ha transmitido a través de una nota de prensa remitida este martes, el conflicto surge con el inicio del curso 2024-25, cuando los padres se ven sorprendidos por un incremento en la tarifa del comedor escolar hasta los 175 euros por niño, "sin posibilidad de reacción o maniobra por su parte", afean. Una situación que se encrudece para aquellas familias con dos o más hijos, y que "se torna insostenible". Al elevar sus quejas a la dirección del centro y a la Diócesis de Astorga, las respuestas recibidas resultaron, según los denunciantes, "insatisfactorias y carentes de transparencia."
"Lejos de ofrecer una explicación convincente, la respuesta institucional llegó en forma de correo electrónico con información confusa" y, según los afectados, datos inexactos sobre las tarifas de otros colegios concertados de la ciudad. Además, la dirección del centro invitó a los padres disconformes "a prescindir del servicio de comedor, ignorando la necesidad real de muchas familias que requieren este servicio para conciliar su vida laboral y familiar."
Ante la falta de respuestas satisfactorias, algunos padres decidieron investigar la legalidad del aumento de la tarifa. A través del portal de transparencia de la Junta de Castilla y León, accedieron a documentación que "demostraba que las tarifas del comedor escolar del Colegio Diocesano San Ignacio debían mantenerse en las autorizadas en el último informe de la Dirección Provincial de Educación, fechado en 2020."
Y aseguran que el informe obtenido deja claro que:
- La tarifa vigente aprobada para el comedor escolar debía ser de 114 euros mensuales o 7 euros por día suelto.
- Desde 2021, las subidas anuales que han experimentado los padres de este centro, alcanzando los 165 euros en el curso 2023/24 y ahora 175 euros, no han sido aprobadas por la inspección educativa.
- La falta de autorización de estos aumentos podría implicar una posible estafa a los padres que han estado abonando estas cantidades sin respaldo legal.
Debido a la falta de una solución o un acuerdo entre las partes implicadas, los padres han decidido hacer pública esta situación con la intención de presionar a la dirección y con el objetivo de reunirse con el obispo.
Además, aseguran que su intención ni siquiera es pretenden que se les reintegre el dinero cobrado por encima de lo autorizado, "sino que la cantidad recaudada sin autorización, sea reinvertida en fines sociales, por ejemplo destinada a comedores sociales de la ciudad o al cuidado de grandes dependientes."
A pesar de que la inspección educativa notificó al centro que no podía aplicar estas tarifas sin autorización previa, los padres siguen abonando la cantidad impuesta por la dirección del colegio.
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