El PSOE de Ponferrada ha realizado su valoración económica, avalada por datos, con respecto a las declaraciones realizadas ayer por el alcalde de Ponferrada en las que afirmaba que no podrá realizar la rebaja fiscal debido a la deuda millonaria del Ayuntamiento heredada del anterior mandato.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Olegario Ramón, respondía a la declaraciones de este miércoles del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en las que aseguraba que "el Ayuntamiento de Ponferrada tiene encima de la mesa unas reclamaciones de entorno a los 15 millones de euros, entre ZBE, Banco Santander con la cuestión del Mundial de Ciclismo, Aquona y FCC... Estamos intentando gestionarlo lo mejor posible, y que de tener que devolverlo o tener que hacer frente a ello, sea de una manera ordenada y que no nos cause un agujero en el presupuesto municipal".
Ramón ha asegurado que Morala "miente a todas horas" y ha pasado a desglosar uno a uno con datos y documentos "las cantidades y de dónde vienen" para realizar las valoraciones oportunas.
En primer lugar, ha explicado la cuantía que "exije la empresa concesionaria de la basura por la liquidación del contrato anterior que asciende a 7 millones de euros". Sobre ella asegura que el origen "en su inmensa mayoria son de aquello acuerdos plenarios del PP del 2017 en el que para alzar una huelga asumió que el Ayuntamiento y los ciudadanos pagarían el acuerdo al que llegó". Através de este acuerdo al que llegó la alcaldesa en ese momento Gloria Fernández Merayo "se pagaría más de un millón de euros por año".
Asimismo, debido "un retraso en el cumplimiento de la sentencia fueron sumándose cantidades a la liquidación, ya que esta se haría cuando acabase el contrato. Si tardaba más, la liquidación seguía sumando, ahí hay una razón de porque tardo tanto en liquidar. Ramón afirma que el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya "le daba un tirón de orejas" a la alcaldesa al responderle a sus recursos que “todo ello pone de manifiesto el ejercicio abusivo que por parte de la administracion se esta haciendo del tramite de ejecución de sentencia, demorando la misma con el planteamiento de incidentes innecesario”. "Ahí tienen que la empresa reclame 7 millones de euros, hemos preguntado si han dado el visto bueno o no y aun no han contestado", señalan desde el Grupo Municipal Socialista.
Por otro lado se suma también a estas cifras la devolución de 2,8 millones de la Zona de Bajas Emisiones. "Tiene una solución facilísima el regimen sancionador entra en vigor el 1 de enero de 2027 y aceptan que si los indices de contaminación son altos habrá medidas sucesivas cada 24 horas y la ordenanza estará aprobada y no habrá que devolver esa cantidad", apunta Ramón. Hablábamos del 1 de enero de 2026, después 1 de julio de 2026 y antes de ayer les trasladamos esta y no va a haber ninguna más", sentencia.
En cuanto a estas cifras, aseguran que hay que tener en cuenta los 2,4 millones de deuda contraída para el Mundial de Ciclismo, "que con los intereses llegará a cerca de 3 millones, pero es que están consignados".
Por último afirma que la otra cuantía de la deuda tiene que ver con una reclamación por los déficits de gestion que reclama Aquona, la entidad gestora del agua por 3,3 millones. En este sentido se trata de la reclamación déficits de gestión e incumplimiento de un acuerdo plenario del 2014. "Este decía que todos los años se tenía que subir el precio del agua el IPC más un punto". Sobre esta deuda Ramón ha recordado que "cuando gobiernas tienes que tomar decisiones impopulares, nosotros en su momomento tuvimos que tomar la decisión de subir más de un 9% el agua", apunta. Actualmente "la empresa exige una subida de en torno al 17%. Cuando tomamos aquella medida, el PP dijo que mantendría su voto en contra porque entendían que se trataba de un despropósito del que no deben ser cómplices", asegura.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha sentenciado que el alcalde de Ponferrada "miente a todas horas" y destaca que ellos se encontraron "una deuda de 27 millones en 2019" y en 2023 cuando dejaron el Consistorio, "ya era de 21,4 millones, se rebajó un 26%”.
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