Los primeros cinco días de la huelga nacional de los abogados y procuradores de oficio de Ponferrada deja ya los primeros desajustes en los juzgados de la capital berciana que han visto como 6 juicios y 20 declaraciones penales eran suspendidas por el parón
Los abogados y procuradores de oficio de Ponferrada, como los del resto de España, están desde el pasado 21 de noviembre en huelga. En apenas cinco días, los palacios de justicia ya ven como las agendas se retrasan a consecuencia de este parón. En el caso de la capital berciana, según el juez decano, Óscar Hernáiz, se han suspendido 2 juicios civiles, 4 penales y 20 declaraciones penales.
"Estos profesionales son esenciales, ya que ejercen la defensa de personas que no tienen recursos y prestan una labor trascendental", explicaba a InfoBierzo el juez decano que esperaba que "esta situación dure lo menos posible y se alcance un acuerdo para retomar la normal actividad en los juzgados".
Abogados y procuradores de Ponferrada se concentraron el pasado martes frente a los Juzgados para denunciar la situación que sufren que al sostener "con su dinero un servicio esencial como es el de la justicia gratuita sin que se les reconozcan derechos laborales básicos".
A través de esta huelga nacional los abogados y procuradores pretenden denunciar la situación que viven, en la que afirman costean la infraestructura de la asistencia jurídica gratuita "atendiendo a los solicitantes en nuestros despachos, desplazándonos con nuestros medios a juicios, a declaraciones de testigos, a registros domiciliarios, a dependencias de los cuerpos de seguridad a cualquier hora del día y de la noche".
Entre sus reivindicaciones solicitan la regulación jurídica del profersional del turno de oficio, retribuciones dignas con su abono en tiempo y forma, retribuciones de las actuaciones realizadas para los que hemos sido designados y de los tiempos de disponibilidad, abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio, ante la denegación definitiva de la asistencia jurídica debería ser la Adminsitración la que pague al profesional y reclamar al ciudadano, actualizacion anual de las retribuciones conforme al IPC, cotización de la Seguridad Social con efectos retroactivos por todos los años trabajados sin que la Adminsitración haya cotizado por los profesionales del turno de oficio, derecho a la conciliación, el descanso y la desconexión y la formación gratuita.