El Juzgado de Ponferrada acogió esta mañana el juicio contra los propietarios de la empresa Friger, dedicada a la fabricación de maquinaria de refrigeración y extracción para negocios de hostelería o alimentación, que cerró sus puertas hace once años dejando casi un millón de euros de deuda a sus trabajadores, que llevaban un año sin cobrar y que habían pedido la extinción de sus contratos. En total son 22 empleados que cobraron un 35% de su deuda del Fondo de Garantía Social, Fogasa, pero quieren recuperar todo su dinero.
En el banquillo se han sentado seis miembros de la familia Blanco Álvarez, acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes por transmitir bienes entre ellos para eludir el pago. El Ministerio Fiscal reclama para cada uno de ellos tres años de cárcel y el pago del dinero que adeudan. Se estima que deben unos 50.000 euros a cada uno de esos trabajadores.
El abogado de la acusación, Miguel Hernández, cree que se trata de un caso claro de alzamiento de bienes. “Es un tema de manual. Hay una transmisión de bienes dentro de un patrimonio familiar”, dijo. En todo caso reconoce que será difícil que puedan recuperar su dinero. “Si se dicta sentencia condenatoria los bienes volverán a Friger y se podría continuar las ejecuciones en lo social, pero seguramente habrá más acreedores y será complicado”, añadió.
Los acusados declararon que la empresa no disponía de fondos y que ofrecieron daciones en pago a su plantilla, pero no lo aceptaron.
Por su parte los 22 afectados, muchos de ellos sin ingresos durante años, reconocen su cansancio después de once años de lucha para llegar a juicio. Muchos de ellos han visto reducida su pensión, ya que, cuando se quedaron sin trabajo, les quedaban pocos años para jubilarse. Otros reconocen que tenían la esperanza de que la empresa pudiese salir adelante porque Friger fue una compañía puntera a nivel nacional y operaba en numerosos países.
Friger llegó a contar con 800 trabajadores y trabajaba en España y América. Estuvo valorada en 5.000 millones de pesetas. Ahora los empleados esperan que haya una sentencia condenatoria y que puedan cobrar el dinero que aún les deben.
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