El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aplazó este jueves el debate y votación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ante la existencia de una nueva propuesta que el equipo de gobierno quiere consensuar, especialmente con los comerciantes de la ciudad, una de las partes más afectadas por la entrada en vigor de la normativa.
El alcalde, Marco Morala, explicó que existe una nueva propuesta que los técnicos “ven viable” y que quieren “consensuar con los comerciantes” por lo que solicitó al plenario que este punto quedase sobre la mesa a la espera de poder modificarlo y poder volver a debatirlo.
Todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo en aplazar este debate. Se trata de uno de los asuntos más polémicos de este mandato, que ya fue rechazado en otra sesión plenaria con los votos en contra de PSOE y Vox.
El pasado mes de mayo la propuesta ya quedaba rechazada con los votos en contra del PSOE y VOX. Así, el consistorio se verá obligado a devolver 2,4 millones de Fondos Europeos si no pone en marcha la ZBE del anterior equipo de gobierno.
Tras el rechazo de la misma los concejales del Ayuntamiento de Ponferrada Lidia Coca y David Palacios, comparecían para abordar la situación del consistorio tras el rechazo en pleno a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y cargaban contra VOX y las declaraciones que su portavoz, Patricia González, dieron al respecto el pasado miércoles y les explicaban que lejos de haber impulsado la eliminación de la ZBE, su voto en contra motiva la aplicación de la versión más restrictiva impuesta por Europa, si no se devuelven los fondos.
Ya en el mes de julio, el Ayuntamiento de Ponferrada recibía un requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitando información sobre el estado de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital berciana, ya que Ponferrada es una de las 13 ciudades españolas que aún no han iniciado el proceso, según advierte el Gobierno que exigía explicaciones al consistorio.
Hace apenas un mes, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, aseguraba que la corporación municipal llevaría a pleno la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "las veces que sean necesarias". Moreno denunciaba que, tras presentar al PSOE su propuesta para la ZBE "no hemos recibido ninguna noticia", tras lo que explicaban que la misma se llevaría a pleno este jueves, y finalmente ha quedado sobre la mesa de nuevo a la espera de conocer esta nueva propuesta.
Por otro lado, las asociaciones de comerciantes mostraban su rechazo a la instauración de la Zona de Bajas Emisiones ya que se trataría "un agravio irreparable para los establecimientos de comercio, restauración, hostelería y servicios, así como para los vecinos y todos aquellos que deseen visitar la ciudad, la entrada en vigor de las conocidas restricciones a la circulación".
"Esta medida restrictiva, aunque pueda ser bienintencionada, no tiene en consideración las realidades y necesidades del sector comercial y hostelero local y supondrá un grave perjuicio para el comercio de proximidad que está muy tocado”, asegura Felipe Álvarez, presidente de Templarium.
Por su parte, La Asociación de Vecinos y Comerciantes Abastos Ponferrada, que aglutina a ciudadanos y comercios del entorno del mercado de abastos de la ciudad, consideraban que la propuesta del actual equipo de gobierno para la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es la más “realista”, aunque reclamaban un mayor diálogo con los afectados para que esta ordenanza perjudique lo menos posible.
Deuda Mundial
Por otro lado, el pleno aprobó, con los votos favorables de PP, Coalición por el Bierzo y Vox, y los votos en contra del PSOE, el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y el Banco Santander por el cual el consistorio pagará a la entidad bancaria solo dos de los más de tres millones de la deuda del crédito del Mundial de Ciclismo de 2014. El banco condona al municipio 400.000 euros del principal de la deuda más los intereses generados, por lo que las arcas municipales se ahorran cerca de un millón de euros.
La portavoz de Vox, Patricia González, señaló que están "para salvaguardar los intereses de los ponferradinos” y que se trata de un buen acuerdo que beneficia a las maltrechas arcas municipales.
Por su parte, el portavoz de los bercianistas, Iván Alonso, justificó el voto favorable de su grupo para “acabar con un problema histórico” y ahorrar una importante cantidad, a pesar de que en años anteriores ya se habían provisionado 2,9 millones de euros para hacer frente a esta deuda. “Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Además lo vemos bueno, interesante y beneficioso para dar carpetazo a este asunto”, dijo.
El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, recordó que aunque el Ayuntamiento ha presentado un recurso de casación contra la última sentencia del tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condena al municipio a pagar, “nunca cerramos la puerta al diálogo y creemos que es un buen acuerdo”. “Creemos que es un acuerdo favorable y positivo que se acompaña de una serie de inversiones con ese dinero que se ahorra”, explicó, ya que con el casi millón de euros que se ahorrará está previsto realizar actuaciones en dos plazas de la ciudad, en los barrios de La Rosaleda y Cuatrovientos, y el un parque de una pedanía. Se trata de tres intervenciones incluidas en el acuerdo alcanzado con el PSOE para la aprobación de los presupuestos de este año.
El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, justificó el voto negativo de su formación para no ir en contra de sus propias decisiones anteriores. Y es que en años anteriores los socialistas votaron a favor de continuar con el proceso judicial para no tener que abonar esa deuda por considerar que había posibilidades de ganar. “Es un punto complejo. No podemos apoyar este acuerdo. El fondo es que iríamos contra actos propios ya que previamente decidimos seguir adelante”, aseguró Ramón.
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