El Gobierno ha enviado a casi 200 ayuntamientos de España, de distinto color político, una misiva en la que advierte de lo que sucederá si frenan la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en sus respectivos municipio y ciudades: perderán las ayudas de los Fondos Europeos, en caso de haberlos solicitado para ejecutar obras de reurbanización. Sin embargo, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, niega haber recibido esta comunicación
El Gobierno ha enviado a casi 200 ayuntamientos de España, de distinto color político, una carta en la que advierte de lo que sucederá si frenan la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en sus respectivos municipio y ciudades: perderán las ayudas de los Fondos Europeos. Sin embargo, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, niega haber recibido esta comunicación. Recordemos que la ZBE de la capital berciana cuenta con una subvención procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Economia, fondos de recuperación por la que recibe 2.468.127,60 euros para la ejecución de este proyecto.
El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que fue noticia nacional hace unas horas, advierte de que les exigirán la devolución de las ayudas Next Generation de detener las ZBE o modificar sin permiso cualquier otro proyecto subvencionado, como sería el caso los carriles bici. Esta iniciativa se suma a las declaraciones de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, que el martes amenazó con recurrir los planes ante los tribunales de los municipios que se nieguen a implantar esta medida.
ZBE según estaba planteada por el anterior equipo de gobierno del PSOE:
La hoja de ruta que han establecido por el momento desde el nuevo equipo de gobierno es proponer una moratoria hasta 2028 para la entrada en vigor y para las restricciones de movilidad evaluar la calidad del aire, si no supera determinados niveles, no daría lugar a restricciones. Por ello Morala señalaba que tomarán "las medidas que haya que tomar cumpliendo con la normativa europea y no viéndonos abocados a devolver los 3 millones ya destinados a esta zona". Por lo tanto, el régimen de sanciones se aplazaría en esta propuesta hasta 2028, y cuando entre en vigor, solo estaría activa la ZBE en aquellos momentos en los que las mediciones de contaminación lo recomendasen.
Para el PP de Ponferrada la propuesta del anterior equipo de gobierno era un "desastre y disparate", ya que "no se pueden tomar las acciones a golpe de ocurrencia, esto pone en riesgo el futuro de la ciudad" ha explicado Morala. Por ello, lo que se pretende es incorporar al borrador de la ordenanza la propuesta de que no se activen salvo que se superen determinados umbrales. "La calidad del aire de Ponferrada es buena y no da lugar a que haya que aplicar restricciones", ha insistido afirmando que se "usará el sentido común" en esta situación.