Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ponferrada siguen valorando cómo proceder respecto al último fallo del TSJ de Castilla y León en relación con la obligación del pago al Banco de Santander de casi dos millones y medios de euros por parte de las arcas municipales. El consistorio berciano tiene un mes para presentar un recurso de tasación cuyo "fondo" están seguros "da la razón al Ayuntamiento", ha explicado el alcalde, Marco Morala. Sin embargo, el problema es superar la "muy exigente" sala de admisión del Supremo, que acuerda los criterios de admisión de recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.
El Ayuntamiento de Ponferrada deberá devolver 2,5 millones de euros al Banco Santander, correspondientes al crédito otorgado para la celebración del Mundial de Ciclismo de 2014 durante el mandato del exalcalde Samuel Folgueral. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quien estima la reclamación que presentó el Banco Santander. Además, el Consistorio también tendrá que pagar los intereses generados en estos años y las costas procesales.
Por ello, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ponferrada están analizando, por un lado, la conveniencia de iniciar una nueva fase judicial, que llevaría a la interposición de un recurso de casación, y, por otro lado, su viabilidad jurídica, en atención a los contenidos de la sentencia del TSJ.
Así, desde el equipo de gobierno confían en el "fondo" del recurso, y consideran que daría la razón al Ayuntamiento, sin embargo, el problema reside en superar antes el trámite de la sala de admisión del Tribunal Supremo, ahí reside la complejidad de recurrir la sentencia.
Por ello, esperan haber tomado una decisión la semana que viene, una que no ponga en riesgo "la reforma tributaria, las inversiones en infraestructuras y el plan de reactivación y empleo" al que irían destinados los 2,4 millones que la alcaldesa Gloria Fernández Merayo aprovisionó durante otro procedimiento judicial relacionado con el Mundial de Ciclismo de 2014. Si finalmente, hay que devolver ese dinero, habrá repercusiones para la ciudad y los vecinos. “Durante el periodo de gobierno de Gloria Fernández Merayo se aprovisionaron 2,4 millones de euros y eso está ahí. Pero ese dinero, después de las sucesivas resoluciones judiciales que rechazaron las pretensiones del banco, queríamos invertirlos en varias cosas”, explicó.
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