El Ayuntamiento de Ponferrada ha recibido un requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitando información sobre el estado de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital berciana, tal y como ha explicado el alcalde de la ciudad, Marco Morala. Ponferrada es una de las 13 ciudades españolas que aún no han iniciado el proceso, según advierte el Gobierno que exige explicaciones al consistorio.
"El requerimiento ha sido muy claro. En primer lugar, nos pide información sobre el estado de la ZBE, y en segundo, nos recuerda que el cumplimiento de las obligaciones con la ZBE no es opcional, es de obligado cumplimiento", asegura el regidor. Es por ello, que tras reunirse con los habilitados nacionales y empleados públicos, enviarán una respuesta al ministerio en la que se aportará un certificado del resultado de las votaciones respecto a la ordenanza que la regula.
"Aparecerá quiénes votamos a favor y quiénes en contra, y que han sido los que no han permitido que Ponferrada cumpla con la legislación vigente y los plazos marcados", ha afeado Morala.
Recordemos que hace varios meses, el equipo de gobierno (PP y CB) llevó al pleno del Ayuntamiento una nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones y su correspondiente régimen sancionador, es decir, las multas. Este texto incluía libertad de acceso al centro de la ciudad para todos los vehículos excepto en episodios de contaminación del aire y se asegura de que el régimen sancionador no entre en vigor hasta, por lo menos, diciembre de 2027.
Sin embargo, la ordenanza no consiguió los votos necesarios para su aprobación y es que tanto, PSOE como VOX votaron en contra de la misma. La negativa a la nueva ordenanza planteada, deja al nuevo equipo de gobierno entre la espada y la pared, ya que o negocia con el PSOE y adapta las regulaciones a lo que solicitan los socialistas para contar con su voto, o se verán obligados a devolver 2,4 millones de euros recibidos por parte de Europa, y que ya han sido invertidos en obras en el centro de la ciudad.
Desde que la ordenanza no se aprobó, el Ayuntamiento ha estado en conversaciones con el PSOE y también valorando las consecuencias del retraso en la aplicación de esta normal de obligado cumplimiento para las ciudades con más 50.000 habitantes, como es el caso de Ponferrada.
Ahora, el regidor alude a la responsabilidad de PSOE y VOX de que la ciudad no esté cumpliendo con la legislación, al no haber aprobado la ordenanza en el pleno celebrado hace meses, ni en las semanas posteriores.
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