Los vecinos de Lillo del Bierzo envían al Defensor del Pueblo la documentación que atestigua la existencia del derecho de reversión de los terrenos que hace más de 25 años fueron “expropiados” y “comprados bajo amenaza de expropiación” por el empresario Victorino Alonso, y de los que ahora quiere volver a apropiarse, una vez restaurados con dinero público, para poner en ellos macroparques fotovoltaicos y cobrar nuevamente subvenciones públicas para ello, expoliando de nuevo el patrimonio de los pueblos.
El Defensor del Pueblo ha abierto el Expediente nº 23019168, recibido el 12 de marzo de 2024, relacionado con la reclamación presentada por los vecinos de los pueblos de Lillo y Otero manifestando la existencia de un derecho de reversión de los terrenos a sus legítimos propietarios que son los vecinos y las juntas vecinales.
Es sobre estos terrenos, que se quieren apropiar de nuevo los testaferros de Victorino Alonso, sobre los que se quiere construir la instalación de las infraestructuras de evacuación de la instalación de producción de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica llamada Fabero de 10 MV de potencia nominal en Fabero y solicitada por la Distribuidora Eléctrica del Sil S.L.
Geninvest y Distribuidora Eléctrica del Sil, testaferros de Victorino Alonso, aseguran que los terrenos comprados en los años 90 fueron pagados muy por encima de su valor de mercado algo absolutamente falso. Además, aseguran
que determinados terrenos son suyos, sin haber acordado ni delimitado con los pueblos cuáles corresponden a los vecinos y a las juntas vecinales, pero apropiándose de todos y sin devolver aquellos que pertenecen a sus legítimos propietarios.
Por eso, los vecinos de Lillo han presentado la documentación requerida por el Defensor del Pueblo donde demuestran que “la persona solicitante de las autorizaciones administrativas de la instalación de producción no ha podido
aportar la documentación requerida en la legislación aplicable, particularmente la propiedad de los terrenos para la realización de la instalación, dado que una parte de dicha instalación ocupa y pasa por terrenos con derecho a la reversión.
Además, los vecinos de Lillo han aportado los contratos de compraventa que se firmaron y en donde se especifica la cláusula de reversión. En estos contratos de compraventa, que sirvieron para ceder la propiedad de esos terrenos durante 25 años consta que la propiedad, en esa época, se constataba con los registros del Catastro, como consta en los contratos de compraventa que se le ha enviado al Defensor del Pueblo. Por lo que explican al Defensor que, dado que esta titularidad sirvió para vender en su momento y a la empresa para registrar supuestamente los terrenos, la misma documentación debe servir para los propietarios de cara a reclamarlos, como se está haciendo.
Pero, lejos de cumplir los acuerdos establecidos los vecinos y vecinas de Lillo y Otero están comprobando cómo los testaferros de Victorino Alonso quieren adueñarse de sus terrenos para montar un macroproyecto de placas solares,
subvencionado públicamente, aprovechándose de las ayudas del Estado y la Unión Europea. En vez de tener energía fotovoltaica comunitaria, de forma cooperativa, como se quiere hacer a través de la comunidad energética de Lillo del Bierzo, siendo autogestionada por el propio pueblo, resulta que se encuentran con estas cadenas de “macroempresas buitres”, con ramificaciones de filiales extractivas por toda la cuenca Fabero Sil, Ponferrada y Bembibre, La Recuelga (Santa Cruz del Sil) y Alinos (Toreno), que vienen a re-explotar en el siglo XXI lo que ya fue expoliado en el siglo XX con el carbón.
Los vecinos denuncian que la Junta de Castilla y León, en vez de defender a los pueblos, a sus vecinos y legítimos propietarios, inscriben ilegalmente esos terrenos a nombre de esas “empresas oportunistas”. Por eso han recurrido al
Defensor del Pueblo, dado que el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León ha autorizado la construcción del macroparque fotovoltaico solicitada por la Distribuidora Eléctrica del Sil S.L., sin haber exigido previamente que se cumplan los acuerdos y contratos firmados con los interesados y haber contado antes con ellos. Los pueblos exigen a la Junta de Castilla y León que sea garante de los derechos de quienes les eligen y no de
las empresas que vienen de fuera a expoliar el patrimonio de los pueblos.