El debate público y político de las últimas semanas en Castilla y León ha vuelto a poner el foco sobre los derechos de la mujer, en concreto, sobre el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo (IVE), según la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985
Foto archivo. César Sánchez/ICAL - Manifestación contra la ley del aborto en PonferradaEn el año 2021 se notificaron 2.597 IVE en mujeres con residencia en Castilla y León, lo que supone un incremento del 7,27% respecto al año 2020. Los mayores aumentos se registraron en Zamora (46,3%) y Segovia (28,7%) aunque afectaron a todas las provincias, excepto Ávila y Burgos, en las que hubo un descenso del 4,4% y el 21,2% respectivamente. El mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo se observa en las provincias de Valladolid y León, que conjuntamente suponen casi la mitad del total.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció el jueves 12 de enero cuatro medidas en el ámbito sanitario y asistencial para "fomentar la natalidad" en la Comunidad, que incluyen el acceso “preferente” a atención psicológica para las mujeres embarazadas frente a pacientes con “otras circunstancias”, desde la perspectiva de que, para el Gobierno de la Comunidad, “el derecho a la vida es prioritario”.
Medidas que desde su formación -Vox- y posteriormente la de sus socios de Gobierno -PP- denominaron como "provida". Así lo señaló García-Gallardo que especificó que el principal cambio en materia de atención psicosocial con respecto a lo que ya se ofrece es que la atención será “preferente” y que los profesionales sanitarios estarán “obligados” a ofertar este servicio a las mujeres embarazadas que acudan a la primera consulta, aunque luego estas puedan declinar su uso.
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Foto archivo. García-Gallardo tras "estudiar iniciativas de los otros partidos" espera que los Presupuestos de Castilla y León se aprueben “tal y como estaban previstos inicialmente”[/caption]Esta medida “provida”, junto al derecho a tener ecografías 4D para “ver en un vídeo, en tiempo real, la cabeza, las manos, los pies y los dedos de su hijo”, y a solicitar su inclusión en un nuevo protocolo de control de latido fetal entre las seis y las nueve semanas para que los padres “escuchen el latido de su bebé antes de tomar cualquier decisión”, se realiza con el objetivo de “favorecer la natalidad” para tratar de que “todos los padres y madres que quieran, puedan continuar con el embarazo”.
Sin embargo, cabe destacar que las ecografías que se hacen dentro de los procedimientos habituales durante el embarazo en Castilla y León no son en 4D, son en 2D y si se encuentra una alteración o si se requiere más información se hace en 3D.
Al ser preguntado sobre en qué semana sería esta nueva ecografía 4D, García-Gallardo reconoció "no saber mucho de embarazos", declaraciones que se viralizaron junto con la polémica de las nuevas medidas.
Y es que, para el vicepresidente de la Junta, los más de 2.500 abortos practicados en Castilla y León en 2021 suponen “un dato escalofriante” frente al que, desde la Junta, se pondrán en marcha estas medidas con el objetivo de “salvar vidas”.
Tabla con los datos de IVE. Consejería de Sanidad de Castilla y León
La provincia de Valladolid es la que más IVE registró durante el ejercicio de 2021, 702 casos, seguida por León, con 558 intervenciones, y por Burgos, con 338, según los datos a los que ha tenido acceso InfoBierzo. Las actuaciones se dan por provincia y no por centro hospitalario, por lo que se desconoce el número de los efectuados, por ejemplo, en el Hospital del Bierzo.
Durante el año 2021, el número de IVE que han contado con financiación pública supera al de las realizadas sin financiación en todas las provincias, excepto en León donde 332 fueron por vía privada y 226 por pública. La mayor parte de las IVE son realizadas en centros de Castilla y León (89,3%) y durante este período ha aumentado el porcentaje de intervenciones en Castilla y León respecto a las realizadas en otras CCAA.
La edad de las mujeres se encuentra comprendida entre los 10 (1 caso) y los 57 años (1 caso). El 80,7% de las interrupciones se registran en mujeres con edad entre los 20 y 39 años, registrándose las tasas más altas entre los 25 y 29 años, y observándose un descenso progresivo con el incremento de la edad. Las tasas mayores se registran en ese grupo etario en Valladolid (14,7 IVE/1000 mujeres) y Soria (13,7 IVE/1000 mujeres), seguidas de León en el grupo de 20 a 24 años (13,3 IVE/1000 mujeres). El 70,3% reside en grandes poblaciones.
Hasta los 24 años predomina la convivencia con padres o familiares, pero a partir de esa edad es superior el número de las que conviven en pareja, que supone casi la mitad del total.
La mitad de las mujeres refiere no tener hijos a su cargo (51%) y más de las tres cuartas partes de las mujeres han nacido en España (77,4%). Del resto, destacan las nacidas en Bulgaria (3,1%) y Rumanía (3,0%), según los datos de la Consejería de Sanidad.
El método de intervención principalmente utilizado en las IVE es el de dilatación y evacuación (73,8%), seguido por el de dilatación y aspiración (18,3%). En las practicadas en centros de Castilla y León, la dilatación y evacuación es el método más frecuente con el 79,7%, mientras que en los centros de otras Comunidades es el de la dilatación y aspiración con el 70,9%.
Foto de Juan García-GallardoRequerimiento del Gobierno central e intercambio de opiniones
Con los datos sobre la mesa, toca hablar de ruido que se ha generado después de las controvertidas declaraciones del número 2 de la Junta. Apenas unos días después del anuncio de estas medias antiabortistas, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, realizó un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), después del anuncio del protocolo de atención a la mujer embarazada.
“El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”, indicaron fuentes de Moncloa en un comunicado.
A este requerimiento contestó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a través de una declaración institucional convocada de urgencia y sin preguntas, en medio de la polémica suscitada por el anuncio por parte del gobierno autonómico de una serie de medidas sanitarias «provida» para prevenir abortos en la Comunidad.
La Junta advirtió al Gobierno ante una posible invasión de competencias por el requerimiento y aseguró que “velará por los derechos de las gestantes”. Mañueco acusó al Gobierno de "usar a las mujeres" y en contra de lo que el vicepresidente había dicho hasta el momento, afirmó que "no se obligará ni a los médicos ni a las embarazadas a nada".
Ese mismo lunes, pero unas horas antes, García-Gallardo, reafirmó en la obligatoriedad de los profesionales sanitarios de informar a las mujeres embarazadas sobre los nuevos protocolos con las medidas anunciadas la semana pasada. Preguntado por si un médico estará obligado a ofrecer a la embarazada que escucha el latido fetal, aunque la embarazada haya acudido a la consulta para declarar su deseo de abortar, respondió taxativamente “sí”. En cambio, las gestantes podrán rechazar las pruebas y la asistencia que se le ofrezca.
En los días posteriores, hubo un intercambio de declaraciones por parte del Gobierno central y del autonómico, en que la Junta "inadmitía" el recurso, Moncloa explicaba que "no se podía inadmitir", etc.
Y mientras se habla de crisis en el Gobierno, a la vez que desde PP y Vox sacan pecho por su coalición, se desconoce qué sucederá con las mujeres que quieran interrumpir su embarazo por unos motivos u otros, mientras el Gobierno nacional asegura "que no darán un paso atrás" y el autonómico "desmiente que se vayan a obligar a nada".
Foto archivo. César Sánchez/ICAL - Manifestación contra la ley del aborto en Ponferrada
Foto archivo, ICAL. Manifestación contra la ley del aborto en Palencia